Venezuela nacionaliza la industria cementera

El jueves 3 de abril, el presidente venezolano Chávez anunció la nacionalización de las principales empresas del sector cementero de Venezuela. Explicó que el 75 por ciento del sector está controlado por tres multinacionales que utilizan esta posición monopolista para fijar de manera artificial precios altos. Señaló como estas empresas pagan precios ridículamente bajos por la materia prima, piedra caliza, y después venden el cemento a "precios inflados".

"Uno de los problemas", explicaba Chávez, "es que muchas veces aquí hemos tenido que paralizar los planes de construcción de viviendas porque no hay suficiente cemento y el que hay se vende muy caro", a pesar de que "la materia prima, que nos pertenece, es muy barata". Además, añadió Chávez, "estas expresas exportan cemento al extranjero cuando lo necesitamos aquí para construir viviendas, universidades, escuelas bolivarianas, carreteras, etc.,".

Las tres empresas que controlan la producción de cemento en Venezuela son la mexicana Cemex, con aproximadamente el 50 por ciento del mercado, el mayor productor mundial de cemento, la francesa Lafargue, con el 15 por ciento, y la suiza Holcim, el segundo productor mundial, con otro 15 por ciento.

Según los trabajadores venezolanos del sector, estas empresas exportar una gran parte de su producción, es el caso particular de Cemex. Algunas estimaciones sitúan el porcentaje de exportaciones en más del 50 por ciento de la producción. Para mantener los precios elevados producen por debajo de su capacidad, consiguiendo en este proceso enormes beneficios.

El año pasado, el gobierno venezolano ya nacionalizó Cementos Andinos, un fabricante de cemento propiedad colombiana en Mérida. Después del llamamiento hecho por Chávez, los trabajadores de esta empresa, que lucharon mucho y duro por la nacionalización, han organizado un "Consejo de Fábrica Socialista" para gestionar la empresa.

Ellos dieron la bienvenida al anuncio de Chávez: "Esta medida recuperará nuestra soberanía y pondrá la industria al servicio del pueblo, para desarrollar una política pública de construcción de viviendas sin que una multinacional decida en su propio interés por encima de los intereses de la población", estas eran las palabras de Alexander Santos, un dirigente del sindicato de Cementos Andinos y portavoz de su Consejo de Fábrica Socialista.

Y añadió: "Durante años, en nuestro país esta industria ha estado controlada por las multinacionales. Actualmente, Cemez, Lafargue y Holcim, poseen aproximadamente el 80 por ciento de la producción nacional de cemento. Explotan las minas venezolanas de piedra caliza donde consiguen materias primas por menos de 4 céntimos de dólar la tonelada. También utilizan mucha mano de obra contratada y subcontratada, trabajadores con pocos derechos y escasos beneficios, para aumentar sus masivos beneficios. La tasa de beneficio en este sector es del 70 al 75 por ciento".

Después de la nacionalización de Cementos Andinos, todos los trabajadores se incorporaron a la plantilla con iguales derechos de negociación colectica y condiciones, acabando así con la precariedad laboral.

Tanto pronto como se anunció esta medida, las autoridades mexicanas salieron en defensa de Cemex. El ministro de economía, Eduardo Sojo, declaró: "Sin duda debemos defender con todos los medios a nuestra disposición los derechos de Cemex, uno de los líderes mundiales en la producción de cemento".

Realmente no debería sorprendernos que el gobierno de derechas e ilegítimo de Calderón en México salga rápidamente en defensa de los capitalistas mexicanos. El propietario de Cemex, Lorenzo Zambrano, tiene un largo registro de hacer dinero con el apoyo del gobierno mexicano. Se benefició de la política de infraestructuras del gobierno Salinas, hizo el agosto con la venta de empresas en bancarrota que habían sido recuperadas y reflotados por el gobierno, que después se las entregaba al sector privado, también tenía estrechos lazos con el gobierno de derechas de Vicente Fox.

A cambio del apoyo político y financiero, el gobierno mantuvo una política de aranceles altos sobre la importación de cemento que benefició a Cemex, que controlaba el 90 por ciento del mercado mexicano. Con los enormes beneficios que conseguía vendiendo cemento por encima de su precio para las obras públicas, Zambrano consiguió construir un imperio mundial, con intereses en Europa (donde adquirió la británica RMC), Asia y África. En este proceso se convirtió en uno de los hombres más ricos de México y entró en la lista Forbes de los más ricos del mundo.

Es una figura importante del capitalismo mexicano, está presente en los consejos de administración de IBM, Alf, Benamex, FEMSA, Televisa, Citigroup y Vitro, todas estas empresas hicieron una campaña intensa a favor de Calderón contra el candidato de izquierdas López Obrador en las últimas elecciones mexicanos, y algunos ayudaron a organizar el fraude electoral que llevó al poder a Calderón.

Unos días después del anuncio de Chávez, quedó más clara la forma en la que se llevaría a cabo la nacionalización: el estado compraría más del 60 por ciento de las acciones y ofrecería a las multinacionales la posibilidad de mantener el 40 por ciento restante, como ocurrió en la nacionalización de la franja del Orinoco.

En este caso hay argumentos de sobra favorables a la nacionalización sin indemnización, si se mira la cantidad de beneficios que estas empresas han hecho en Venezuela, beneficiándose de materias primas baratas que pertenecen a Venezuela y lo poco que han invertido para desarrollar estas empresas desde un punto de vista tecnológico.

Sin embargo, esta medida, que acompaña a la nacionalización de una planta lechera en la región Andina y la nacionalización ahora de SIDOR, deben ser bienvenidas por los socialistas y revolucionarios. Animarán a los trabajadores de otras empresas a luchar, hará que los trabajadores tengan más confianza para defender la consigna de la nacionalización. Los trabajadores de Cemex, Lafargue y Holcim deberían seguir el ejemplo de sus compañeros de Cementos Andinos y crear Consejos de Fábrica Socialistas para comenzar a ejercer el control obrero, para exigir mejores salarios y condiciones, sanidad y regulaciones de seguridad adecuadas y, sobre todo, poner fin a la precariedad laboral.

La nacionalización por sí misma no es una panacea. Sólo si los trabajadores y el pueblo venezolano en su totalidad ejercen el control democrático y la planificación de la economía para el beneficio de la mayoría de la población, sólo entonces podrán mejorar las condiciones para la mayoría. Durante muchos años el Estado fue propietario de la industria cementera de Venezuela, como también lo fue de otras industrias básicas y sólo sirvió para desarrollar una cosa, una capa burocrática excesiva que sólo estaba interesada en la subida de sus propios salarios.

La única manera de que la industria cementera venezolana pueda ser utilizada eficazmente para resolver los problemas urgentes de infraestructura y vivienda que sufren la mayoría de los venezolanos, es integrándola en un plan democrático de la economía basado en las necesidades de la mayoría y no de los beneficios privados de una minoría. La nacionalización del cemento es un paso adelante pero necesita ser completada con la propiedad pública de los principales monopolios y sectores de la economía bajo el control democrático de los trabajadores.