Se fija constitucionalmente un objetivo de financiamiento educativo equivalente, al menos, al 6% del PIB y del sistema de salud en, al menos el 4% del PIB.

En el terreno laboral, se garantiza a igual trabajo, igual salario; y se prohíben las empresas de trabajo temporal y el subempleo (trabajo a tiempo parcial, etc.)

Se prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras. Como en Venezuela y Bolivia, se plantea el derecho a revocar a las autoridades de elección popular, y se recoge el derecho a la resistencia frente a los abusos del poder público.

Además, se recogen los derechos de los pueblos indígenas, como el de disponer de sus territorios, y se establece la cooficialidad del quechua con el castellano.

Existe algún aspecto discutible, como que se prohíba la "paralización de actividades" en sectores estratégicos (transporte, telecomunicaciones, hidrocarburos, salud, bomberos, y otros) pensando en acciones desestabilizadoras de la oligarquía y sus agentes en el aparato del Estado; pero también existe el riesgo de que sea utilizado contra los trabajadores en huelga; aspecto que, el movimiento obrero deberá tomar en sus manos y, por la vía de la acción directa de masas, imponer sus derechos para impedir que eso sea así.

Más allá de esto, la aprobación de la Constitución sería un paso adelante que reforzaría la confianza de las masas en sí mismas y sería un nuevo golpe contra la oligarquía y el imperialismo.

Pero, como marxistas, también estamos obligados a declarar que, incluso la Constitución más democrática, sólo reconoce derechos pero no puede dar de comer al pueblo, ni vestirlo, ni darle salud o trabajo. Para eso se necesita que las palancas fundamentales de la economía, que permanecen firmemente en manos de la oligarquía contrarrevolucionaria: los latifundios, los monopolios y los bancos, sean expropiadas sin indemnización bajo el control democrático de los trabajadores y campesinos.

No nos cabe ninguna duda, como pasó en Venezuela y Bolivia, que al día siguiente de ser aprobada la nueva Constitución, la oligarquía y sus lacayos pasarán a conspirar abiertamente para derribar al gobierno elegido democráticamente de Rafael Correa.

A la oligarquía le resulta indiferente la legalidad y las formas parlamentarias. Por eso sería un error imperdonable que la vanguardia obrera y popular de Ecuador cayera en el cretinismo parlamentario para enfrentar la inevitable arremetida de la reacción.

Es necesario organizar la respuesta revolucionaria del pueblo trabajador para enfrentar las provocaciones de la clase dominante y el imperialismo, y consumar la revolución ecuatoriana con la transformación socialista de la sociedad.